Columna publicada en La Tercera el 4 de abril de 2013. Ver publicación original.
EL 15 DE marzo, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que congrega a los trabajadores de Codelco, anunció un paro nacional titulado “defender la estabilidad laboral, las pensiones dignas y renacionalizar el cobre”. El comunicado se refiere a un ineficiente modelo de gestión, a fracasados proyectos estructurales, a una descontrolada e ineficiente tercerización y a otros temas internos. Contiene, además, numerosos aspectos que no dicen relación con Codelco, tales como poner fin al DL 600 y a la concesión plena de las minas, crear una AFP estatal y renacionalizar el cobre.
Según la FTC se trata de “hacer público el complejo escenario que vive la corporación”. Pero incluyen temas que nada tienen que ver con esta, y lo hacen al comienzo de la campaña presidencial, presumiblemente en la esperanza de que sus banderas sean adoptadas en el programa del futuro gobierno.
Son posiblemente dos los aspectos del comunicado que concitaron el apoyo decisivo para aprobar este llamado a paro. La estabilidad laboral, que es lo más preciado por los trabajadores, y la afirmación de que la empresa tiene un modelo de gestión ineficiente.
La estabilidad laboral estaría amenazada, ya que se “excluye a los trabajadores actuales de ocupar los puestos de trabajo futuro”. Los proyectos de inversión estructurales contienen la visión de empresa que se quiere crear en el futuro, con tecnologías, remuneraciones y beneficios competitivos.
Estas dos últimas estarían en el rango de 50 a 65 mil dólares anuales por persona, comparado con aproximadamente el doble que le cuesta a la empresa cada trabajador en la división Chuquicamata. El plan de la empresa es que los retiros voluntarios y las jubilaciones que ocurrirán reducirán el número de trabajadores con contratos colectivos antiguos e irán impactando cada vez menos los resultados de la empresa, mientras que los trabajadores nuevos serán contratados con remuneraciones y beneficios de mercado. Las nuevas contrataciones ya están ocurriendo en varias divisiones. Afirma también que las condiciones de los contratos colectivos actuales estarían siendo vulneradas, cuestión que la empresa niega. Y que hay una “descontrolada e ineficiente tercerización que pone en riesgo la seguridad y competitividad de Codelco”, proponiendo iniciar un “agresivo plan de internalizaciones”.
Estos aspectos, junto a otros, indican que la visión que tiene la FTC sobre el futuro de la empresa dista considerablemente de la visión y manejo de sus actuales directivos. El diseño de futura empresa contenida en los proyectos de inversión proviene, sin embargo, de gobiernos anteriores y, posiblemente, se mantendrá en cualquier gobierno futuro si la empresa ha de recuperar su posición competitiva. Es obvio que ello le restará influencia a la FTC en el devenir de la corporación.
La legislación actual entrega la administración de la empresa a un directorio y a ejecutivos, y no a la FTC. Y si bien hay numerosos aspectos mencionados por esta que deben ser abordados en un debate tanto interno como público, no es aceptable que para publicitar sus posiciones la FTC llame a un paro que daña económicamente a la empresa y al país.
EL 15 DE marzo, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), que congrega a los trabajadores de Codelco, anunció un paro nacional titulado “defender la estabilidad laboral, las pensiones dignas y renacionalizar el cobre”. El comunicado se refiere a un ineficiente modelo de gestión, a fracasados proyectos estructurales, a una descontrolada e ineficiente tercerización y a otros temas internos. Contiene, además, numerosos aspectos que no dicen relación con Codelco, tales como poner fin al DL 600 y a la concesión plena de las minas, crear una AFP estatal y renacionalizar el cobre.
Según la FTC se trata de “hacer público el complejo escenario que vive la corporación”. Pero incluyen temas que nada tienen que ver con esta, y lo hacen al comienzo de la campaña presidencial, presumiblemente en la esperanza de que sus banderas sean adoptadas en el programa del futuro gobierno.
Son posiblemente dos los aspectos del comunicado que concitaron el apoyo decisivo para aprobar este llamado a paro. La estabilidad laboral, que es lo más preciado por los trabajadores, y la afirmación de que la empresa tiene un modelo de gestión ineficiente.
La estabilidad laboral estaría amenazada, ya que se “excluye a los trabajadores actuales de ocupar los puestos de trabajo futuro”. Los proyectos de inversión estructurales contienen la visión de empresa que se quiere crear en el futuro, con tecnologías, remuneraciones y beneficios competitivos.
Estas dos últimas estarían en el rango de 50 a 65 mil dólares anuales por persona, comparado con aproximadamente el doble que le cuesta a la empresa cada trabajador en la división Chuquicamata. El plan de la empresa es que los retiros voluntarios y las jubilaciones que ocurrirán reducirán el número de trabajadores con contratos colectivos antiguos e irán impactando cada vez menos los resultados de la empresa, mientras que los trabajadores nuevos serán contratados con remuneraciones y beneficios de mercado. Las nuevas contrataciones ya están ocurriendo en varias divisiones. Afirma también que las condiciones de los contratos colectivos actuales estarían siendo vulneradas, cuestión que la empresa niega. Y que hay una “descontrolada e ineficiente tercerización que pone en riesgo la seguridad y competitividad de Codelco”, proponiendo iniciar un “agresivo plan de internalizaciones”.
Estos aspectos, junto a otros, indican que la visión que tiene la FTC sobre el futuro de la empresa dista considerablemente de la visión y manejo de sus actuales directivos. El diseño de futura empresa contenida en los proyectos de inversión proviene, sin embargo, de gobiernos anteriores y, posiblemente, se mantendrá en cualquier gobierno futuro si la empresa ha de recuperar su posición competitiva. Es obvio que ello le restará influencia a la FTC en el devenir de la corporación.
La legislación actual entrega la administración de la empresa a un directorio y a ejecutivos, y no a la FTC. Y si bien hay numerosos aspectos mencionados por esta que deben ser abordados en un debate tanto interno como público, no es aceptable que para publicitar sus posiciones la FTC llame a un paro que daña económicamente a la empresa y al país.
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