Columna publicada en La Tercera, el 4 de noviembre de 2013. Ver publicación original.
¿Cómo queda parada la minería en los programas de gobierno presentados por las candidatas Michelle Bachelet y Evelyn Matthei? El programa de la Nueva Mayoría propone trabajar para mantener a Chile como líder mundial en la minería del cobre, considerando como herramientas lograr energías competitivas, realizar un mayor esfuerzo en investigación e innovación y la formación de recursos humanos. Apoyará a las empresas proveedoras de la minería, en conjunto con las universidades para lograr mayor colaboración. Reforzará a Cochilco, al Ministerio de Minería, a Sernageomin y a la Enami. Elaborará nuevas normas para agilizar la entrada de nuevos actores a la exploración y a la minería. Finalmente, propone crear una política para desarrollar la industria del litio.
El programa de la Alianza por Chile se refiere a la competitividad de la minería, aludiendo a aspectos como mayor oferta de energía, a la necesidad de capacitar para que la minería disponga de suficiente personal especializado de calidad, y a completar un catastro en línea de la minería. Además, mejorará la labor de Enami y modernizará sus plantas productivas. También dará a Enap un estatuto similar al de una empresa privada. A diferencia del programa de la Nueva Mayoría, La Alianza por Chile coloca énfasis en perfeccionar el proceso de autorización de permisos de los proyectos y de sus tramitaciones ambientales, imprimiendo mayor certeza jurídica a los proyectos, todo ello para poder materializar la agenda de inversión minera de más de US$ 100 mil millones de los próximos años.
Respecto de la capitalización de Codelco, el programa de la Nueva Mayoría indica que se hará cargo de ésta, a diferencia del programa de la Alianza por Chile, que no lo menciona. Codelco necesita reinvertir una parte de sus excedentes (cerca de US$ 1.000 millones por año) durante los próximos cuatro años. En la actualidad, los proyectos de Teniente y de Chuquicamata Subterráneo están en construcción, y Andina y Radomiro Tomic están esperando la aprobación de los estudios de impacto ambiental para ir adelante.
Finalmente, en el capítulo referente a las reformas constitucionales, la Nueva Mayoría afirma que “la nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico”. Ello se diferencia de lo que expresa el artículo 24 de la Constitución de 1980, que dice: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”, y otras actividades, entre las que no está el agua. Pero también se diferencia por la palabra “pleno”. La pregunta es ¿por qué agregar la palabra “pleno” a lo que ya rige sobre la minería? Además, se afirma que se derogará el DL 600. Ambos elementos introducen incertidumbre.
Es importante que la Alianza por Chile se pronuncie sobre la capitalización de Codelco y que la Nueva Mayoría aclare la intención que tiene al colocar esta simple palabra en la nueva Constitución, y que también precise cómo se manejará la inversión extranjera, con un DL 600 derogado.
¿Cómo queda parada la minería en los programas de gobierno presentados por las candidatas Michelle Bachelet y Evelyn Matthei? El programa de la Nueva Mayoría propone trabajar para mantener a Chile como líder mundial en la minería del cobre, considerando como herramientas lograr energías competitivas, realizar un mayor esfuerzo en investigación e innovación y la formación de recursos humanos. Apoyará a las empresas proveedoras de la minería, en conjunto con las universidades para lograr mayor colaboración. Reforzará a Cochilco, al Ministerio de Minería, a Sernageomin y a la Enami. Elaborará nuevas normas para agilizar la entrada de nuevos actores a la exploración y a la minería. Finalmente, propone crear una política para desarrollar la industria del litio.
El programa de la Alianza por Chile se refiere a la competitividad de la minería, aludiendo a aspectos como mayor oferta de energía, a la necesidad de capacitar para que la minería disponga de suficiente personal especializado de calidad, y a completar un catastro en línea de la minería. Además, mejorará la labor de Enami y modernizará sus plantas productivas. También dará a Enap un estatuto similar al de una empresa privada. A diferencia del programa de la Nueva Mayoría, La Alianza por Chile coloca énfasis en perfeccionar el proceso de autorización de permisos de los proyectos y de sus tramitaciones ambientales, imprimiendo mayor certeza jurídica a los proyectos, todo ello para poder materializar la agenda de inversión minera de más de US$ 100 mil millones de los próximos años.
Respecto de la capitalización de Codelco, el programa de la Nueva Mayoría indica que se hará cargo de ésta, a diferencia del programa de la Alianza por Chile, que no lo menciona. Codelco necesita reinvertir una parte de sus excedentes (cerca de US$ 1.000 millones por año) durante los próximos cuatro años. En la actualidad, los proyectos de Teniente y de Chuquicamata Subterráneo están en construcción, y Andina y Radomiro Tomic están esperando la aprobación de los estudios de impacto ambiental para ir adelante.
Finalmente, en el capítulo referente a las reformas constitucionales, la Nueva Mayoría afirma que “la nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico”. Ello se diferencia de lo que expresa el artículo 24 de la Constitución de 1980, que dice: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”, y otras actividades, entre las que no está el agua. Pero también se diferencia por la palabra “pleno”. La pregunta es ¿por qué agregar la palabra “pleno” a lo que ya rige sobre la minería? Además, se afirma que se derogará el DL 600. Ambos elementos introducen incertidumbre.
Es importante que la Alianza por Chile se pronuncie sobre la capitalización de Codelco y que la Nueva Mayoría aclare la intención que tiene al colocar esta simple palabra en la nueva Constitución, y que también precise cómo se manejará la inversión extranjera, con un DL 600 derogado.
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