Columna publicada en El Mostrador, el 23 de agosto de 2013. Ver publicación original.

Tras la decisión del Gobierno de capitalizar Codelco con acciones de una fracción de la Ex Disputada de Las Condes, se desató una creciente preocupación por el futuro de la empresa, la que requiere para reinversión cerca de cinco mil millones de dólares de sus propias utilidades en los próximos años.

Hay quienes consideran que la mejor forma de resolver el financiamiento de estas inversiones es privatizar una parte de la empresa, lo que a la vez lograría introducir agentes en su directorio que realmente velarían por el uso optimo de sus recursos.

Esta lógica considera que en las empresas estatales los intereses del dueño, es decir de todos los ciudadanos, está mediada por actores que introducen sus propios intereses y desintereses en las decisiones, conduciendo a resultados que son sub óptimos para la empresa y para el país.

Otros aborrecen la idea de una privatización e impulsan que el Estado le otorgue el financiamiento a la empresa, ya que esta es de todos los chilenos y porque, además, ha logrado aportar mas de cien mil millones de dólares al Estado en sus casi 40 años de existencia. Hay muchos que piensan, sin embargo, que podría haberlo hecho mejor.

Hay sectores, que incluso llevan su argumento a exigir que las grandes empresas mineras privadas sean nacionalizadas porque estarían “saqueando” a Chile, exportando nuestra riqueza y dejándonos solamente el hoyo.

La encuesta Minerobarómetro indica que cerca del 80 % del país no quiere que Codelco se privatice, y que más de la mitad de los chilenos piensan que habría que nacionalizar las mineras privadas. Sin embargo a la hora de preguntar en que se debe gastar los recursos del cobre cuando estos escaseen, la mayoría del país prefiere un destino social a reinvertirlos en Codelco, ya que “hay” que resolver los problemas ahora. Más aún, cerca de un 60 % de los chilenos están satisfechos con el aporte de la minería, incluida la minería privada, al desarrollo.
Estas preferencias demuestran que no siempre se puede satisfacer las opiniones ciudadanas. No es posible mantener Codelco estatal y al mismo tiempo no autorizar que parte de sus utilidades sean reinvertidas. Y es igualmente imposible nacionalizar la minería privada sin que el Estado gaste o invierta un peso. La falta de reinversión ha hecho fracasar la inmensa mayoría de empresas estatales de recursos naturales a nivel global. Si Codelco fracasa por esta razón, no sería novedoso.

El modelo “minero” chileno, en que una gran empresa estatal coexiste con grandes privadas es único a nivel global, y fue un resultado evolutivo de nuestra historia. También, fue inmensamente virtuoso, porque permitió que Codelco mejorara sus estándares tecnológicos, ambientales, y de gestión, sólo por comparación con sus vecinos, y, al mismo tiempo, posibilitó que las empresas privadas midieran su aporte al Estado en comparación con Codelco. Pero por sobre todo generó equilibrios políticos que habrían sido difíciles de lograr en presencia única de grandes mineras privadas. Por ello es muy importante para el desarrollo de Chile mantener este modelo.

Columna publicada en La Tercera, el 16 de agosto de 2013. Ver publicación original.

La colocación informada por Codelco de un bono por US$ 750 millones para financiar parte de su programa de inversiones de 2013 arroja varias señales al país. La empresa tendrá que financiar con deuda bastante más que esto antes de fin de año.

Según el comunicado, en un primer ajuste se habría reducido en 10% la inversión de 2013, “haciéndose cargo de los menores niveles de capitalización” autorizados por el gobierno. Al mismo tiempo, el gasto es normalmente inferior al presupuestado debido a retrasos de los proyectos. Esto último ha aquejado a la industria en la última década, por lo que habría que redoblar los esfuerzos para que no ocurriese en Codelco, si ello fuese efectivo.

El dueño de Codelco, representado por el gobierno, indicó en su momento que había que reducir costos, deslizando que éste habría sido el motivo de haber autorizado una capitalización claramente insuficiente. No es común que el dueño comente públicamente aspectos sobre la administración, ya que los instrumentos de que dispone son suficientes para aumentar sus ganancias. Estos son decidir las inversiones y también realizar sus comentarios a través de sus representantes en el directorio. Francamente, no sabemos qué intención tuvo el gobierno esta vez, pero no hay que descartar que una razón importante haya sido no aumentar el déficit fiscal. 

Codelco está en una camisa de fuerza para financiar sus inversiones de, aproximadamente, US$ 25 mil millones hasta el fin de esta década. La idea era lograr esto en un 40% con depreciación, en igual cantidad con endeudamiento y en un 20% con recursos frescos de reinversión puestos por el dueño. Es este último valor el que está ausente y no es viable que la empresa se endeude a niveles mayores para cubrirlo.

La pregunta es, ¿qué pasará en el próximo gobierno con un precio del cobre que está a la baja? ¿Habrá disposición a invertir US$ 1.000 millones anuales en Codelco? Las candidatas presidenciales no se han pronunciado. Catorce senadores, casi todos ellos de la oposición, hicieron un proyecto de acuerdo solicitando al gobierno una capitalización efectiva este año y una ley que garantice el financiamiento futuro de la empresa. Pero el que toma las iniciativas en estas materias es el Ejecutivo y no el Congreso. Al mismo tiempo, una inversión pre aprobada plurianualmente para Codelco abre una caja de pandora para otras instituciones que deseen igual trato. 

Para resolver integralmente el financiamiento de las inversiones de Codelco, el gobierno podría utilizar US$ 5.000 millones o un tercio del Fondo de Estabilización Económico Social (FEES), logrando para el país rentabilidades muy superiores a las que ha conseguido con su actual programa de colocaciones internacionales. Ello requeriría un acuerdo político transversal que incorporara a los partidos políticos y al futuro gobierno, y simultáneamente el compromiso de todos los estratos de la empresa -incluidos todos sus trabajadores- para reducir los costos de operación. 

Finalmente, es indispensable que los costos de construcción de las grandes inversiones cedan sustancialmente. Todo ello se puede lograr, y para ello hay que trabajar.