Columna publicada en Qué Pasa Minería, el 9 de septiembre de 2013. Ver publicación original.
Está claro que el desarrollo de la energía en Chile dejó de ser un problema técnico y económico y pasó a ser un problema de desconfianza social que amenaza el crecimiento presente y futuro del país. La construcción de las grandes centrales de energía -HidroAysén, Barrancones, Punta Alcalde y Castilla- fue detenida por oposición ciudadana en los últimos cuatro años. En la actualidad las centrales que están en marcha resuelven sólo cuellos de botella locales y el precio de la energía sólo puede aumentar en los próximos años. Hay un tremendo temor a emprender nuevos proyectos, lo que, de paso, impacta directamente a otros sectores industriales, como la minería. El problema radica en muchos factores que se han conjugado. Por una parte, la falta casi completa de conocimiento de la ciudadanía sobre los costos y beneficios de los diversos tipos de energía fue y es un caldo de cultivo muy importante para las organizaciones ambientales, que tomaron la bandera de lucha de la energía hace ya décadas como un asunto de principios valóricos.
Por otra parte, una industria de la energía que no entendió el signo de los tiempos que vivía el país, y siguió construyendo centrales que distaban mucho de ser ambiental y socialmente aceptables.
También la decisión del Estado desde hace décadas de no zonificar el país hace muy difícil emprender una tarea de esta magnitud de un día para otro. Por último, el mismo desarrollo democrático y económico de Chile creó una inmensa desconfianza por parte de la ciudadanía en los que detentan el poder económico y político debido a la persistencia de una gran desigualdad social. Este diagnóstico entrega pistas sobre las acciones que debería considerar el siguiente y los futuros gobiernos.
Primero, una campaña de largo plazo financiada por el gobierno y conducida por las instituciones nacionales más creíbles en temas energéticoambientales, para educar a la ciudadanía sobre las mejores opciones, y generar un diálogo nacional conducente a un acuerdo transversal. Por ejemplo, la campaña educativa debería apuntar a retornar la confianza a los chilenos en que la nueva norma para centrales termoeléctricas protege la salud y el medioambiente.
En segundo lugar, medidas que permitan resolver cuellos de botella en el corto y mediano plazo. Entre estas últimas están destrabar legislativamente la llegada al país de gas natural barato, la selección de algunas zonas del país para el desarrollo de energía, y aprobar una ley que compense económica y ambientalmente a las comunidades que estarán ubicadas en las áreas de influencia de las futuras centrales.
Está claro que el desarrollo de la energía en Chile dejó de ser un problema técnico y económico y pasó a ser un problema de desconfianza social que amenaza el crecimiento presente y futuro del país. La construcción de las grandes centrales de energía -HidroAysén, Barrancones, Punta Alcalde y Castilla- fue detenida por oposición ciudadana en los últimos cuatro años. En la actualidad las centrales que están en marcha resuelven sólo cuellos de botella locales y el precio de la energía sólo puede aumentar en los próximos años. Hay un tremendo temor a emprender nuevos proyectos, lo que, de paso, impacta directamente a otros sectores industriales, como la minería. El problema radica en muchos factores que se han conjugado. Por una parte, la falta casi completa de conocimiento de la ciudadanía sobre los costos y beneficios de los diversos tipos de energía fue y es un caldo de cultivo muy importante para las organizaciones ambientales, que tomaron la bandera de lucha de la energía hace ya décadas como un asunto de principios valóricos.
Por otra parte, una industria de la energía que no entendió el signo de los tiempos que vivía el país, y siguió construyendo centrales que distaban mucho de ser ambiental y socialmente aceptables.
También la decisión del Estado desde hace décadas de no zonificar el país hace muy difícil emprender una tarea de esta magnitud de un día para otro. Por último, el mismo desarrollo democrático y económico de Chile creó una inmensa desconfianza por parte de la ciudadanía en los que detentan el poder económico y político debido a la persistencia de una gran desigualdad social. Este diagnóstico entrega pistas sobre las acciones que debería considerar el siguiente y los futuros gobiernos.
Primero, una campaña de largo plazo financiada por el gobierno y conducida por las instituciones nacionales más creíbles en temas energéticoambientales, para educar a la ciudadanía sobre las mejores opciones, y generar un diálogo nacional conducente a un acuerdo transversal. Por ejemplo, la campaña educativa debería apuntar a retornar la confianza a los chilenos en que la nueva norma para centrales termoeléctricas protege la salud y el medioambiente.
En segundo lugar, medidas que permitan resolver cuellos de botella en el corto y mediano plazo. Entre estas últimas están destrabar legislativamente la llegada al país de gas natural barato, la selección de algunas zonas del país para el desarrollo de energía, y aprobar una ley que compense económica y ambientalmente a las comunidades que estarán ubicadas en las áreas de influencia de las futuras centrales.
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