Columna publicada en La Tercera, el 6 de febrero de 2014. Ver publicación original.

El país sabe que Codelco no puede endeudarse más de la cuenta para financiar su plan de inversiones actual. Thomas Keller lo dijo recientemente. El plan es de cuatro años con una inversión de US$ 5 mil millones por año, los que serían aportados con  US$ 2 mil millones mediante uso de la depreciación, US$ 2 mil millones con deuda contraída por Codelco y US$ 1.000 millones aportados por el Fisco, en dinero fresco. Cabe recordar que en 2013 el gobierno no autorizó recursos frescos acorde con este plan. 

Lo que requiere Codelco de parte del Fisco es una migaja comparado con los US$ 52 mil millones que entregó a éste en los últimos 10 años. Además, invertir en Codelco tiene una rentabilidad inmensamente superior a lo que el gobierno consigue en el mercado internacional para los recursos ahorrados a partir del cobre. Este es un plan que ha sido considerado óptimo para el futuro de la empresa. De no concretarse, la producción de cobre y los excedentes para el Fisco en los próximos años comenzarían a bajar, perdiendo el liderazgo mundial y reduciendo el valor de la empresa.

El problema de fondo es que el modelo que se ha planteado para el desarrollo de las inversiones de Codelco no es el que se aplica en la industria privada. En esta es el dueño el que fija las metas de inversión y las empresas la ejecutan. Si el dueño indica que el aporte a capitalización debe ser menor al que se le ha solicitado, es Codelco la que tiene que ajustar sus planes a dichos montos. Uno de los problemas vigentes es que el dueño no ha sido claro en sus mensajes a Codelco. 

¿Es posible que Codelco invierta menos cada año? Sí. Codelco puede reorganizar sus inversiones, por ejemplo, postergando el desarrollo de Salvador y tal vez Chuquicamata. La primera posiblemente habría que cerrarla, ya que sin inversión en el futuro cercano no se sustenta. La segunda tiene el mayor riesgo tecnológico y político, pero en el papel es la más rentable.

Otra posibilidad es realizar la expansión de Andina, el mayor proyecto de la empresa, en dos o tres fases, reduciendo la inversión para los próximos años y posibilitando un menor aporte anual del dueño. 

En otras palabras, lo que se avizora no pareciera ser la debacle de Codelco. Uno de los riesgos de retrasar constantemente los proyectos es que llegaría el momento en que la empresa tendría que reducir su producción por algunos años, perdiendo el liderazgo mundial que ha tenido. Ello tendría un fuerte efecto en su imagen.

La entrega de recursos para la capitalización de parte del dueño debiera estar sujeta a un  convenio de desempeño, con indicadores claros y con compromisos firmados de todos sus estamentos, que contengan la visión de empresa que conllevan estos proyectos. En Chuquicamata este compromiso no existe aún y hace peligrar el proyecto de la mina subterránea.

Las reformas que el país necesita requieren a Codelco fuerte en los próximos 20 y 30 años, liderando y proporcionando recursos para el Fisco. Por ello hay que apoyar que el nuevo gobierno llegue a acuerdo con Codelco sobre la capitalización que le permitirá mantenerse como líder mundial.

Columna publicada en La Tercera, el 2 de enero de 2014. Ver publicación original.

La minería del cobre chilena depende de cuatro variables que pesan decisivamente en la economía del país. El precio del cobre, la producción, la inversión y los costos. Este fue un mal año para el precio y para la inversión, un buen año para la producción y un año neutro para los costos. El menor precio del cobre significó que el Fisco recibió en 2013 menos fondos de la minería que en 2012, con la industria privada aportando más que Codelco. Lo mejor del año que acaba de terminar es que las expectativas de precio futuro mejoraron debido a las buenas señales de la economía global, así como a la reducción de la oferta. 

La industria privada llevó al país a su máxima producción histórica de cobre y se contuvo el alza desmesurada de los costos que venía produciéndose. La seguridad en la minería sigue siendo la mejor del país, pero pese a que los accidentes fatales bajarían 15% en 2013, la meta cero está lejos aún. Lograr una mayor percepción de seguridad por parte de los trabajadores mineros es clave para aumentar su compromiso y productividad en el largo plazo, aunque ello reduzca las metas productivas en el corto plazo.

Lo peor de 2013 fue Pascua Lama, con la grave violación de la Resolución de Calificación Ambiental que autorizó la construcción de este proyecto. Afortunadamente, no parece haber otros Pascua Lama en el horizonte. 

Por primera vez se observaron fuertes objeciones al desarrollo minero por parte de Organizaciones No Gubernamentales. Ello es preocupante. La principal parecen ser las preguntas no respondidas sobre el devenir del sistema de glaciares que genera el clima cordillerano de la zona Central y Norte de Chile. La hipótesis de las ONG no es que la minería sea la sola causante del retroceso de los glaciares, sino que también hay causas naturales que lo ocasionarían. El problema está en que no hay una cuantificación creíble de largo plazo de ello, por lo que es urgente que el Estado conduzca estudios independientes sobre el futuro de los glaciares.

El desarrollo energético sigue trabado debido a la falta de un acuerdo amplio político y ciudadano, haciendo improbables varias de las nuevas inversiones mineras. La minería del cobre chileno perdió competitividad por éste y por otros motivos, y las inversiones, si bien siguen siendo importantes, podrían duplicarse si resolvemos las trabas internas del país. 

Para Codelco, fue un año de contrastes. Las dos capitalizaciones del gobierno fueron contables y aportaron cero a disipar la incertidumbre sobre sus inversiones. Por otra parte, Codelco no pudo ni aumentar su producción ni convencer a los trabajadores en huelga en El Salvador y Chuquicamata que la primera pierde dinero y que la segunda está al filo de hacerlo.

En lo positivo, se lograron reducir los costos y los trabajadores de Radomiro Tomic, Andina, Teniente, Gaby y Ministro Hales están comprometidos con la política de la empresa y aportarán crucialmente a mejorar los resultados en 2014.

Finalmente, es importante que el nuevo Gobierno indique pronto lo que piensa hacer respecto al DL 600, ya que su derogación sin un lineamiento claro hacia el futuro genera alta incertidumbre.

Columna publicada en Minería Chilena, el 2 de enero de 2014. Ver publicación original.

Corría 1985 en Chile, el país recién comenzaba a recuperarse de la crisis económica de 1982 cuando su PIB se había reducido en 14%. El precio del cobre estaba en un nivel bajísimo y el final del túnel no estaba aún a la vista. Chile era todavía un país periférico, Santiago era una ciudad provinciana comparada con Buenos Aires, Río y San Paulo. Providencia era “la taquilla”, no había malls, ni siquiera se había creado el barrio Suecia y la democracia estaba tan lejana como la Luna.

No había muchos eventos internacionales en Chile en esa época, en ningún campo del conocimiento. El cobre no era la excepción. Codelco producía el 79% del cobre chileno, poco más de un millón de toneladas. La mayor mina privada era Los Bronces, en ese entonces de Exxon Minerals, con una producción de 44.000 toneladas anuales de cobre fino. Le seguía Mantos Blancos con cerca de 33.000 ton. Chile era ya el primer productor del mundo con 16,1% de la producción y superaba a Estados Unidos por 250.000 ton.

Ese año nos juntamos con mi ex profesor de la Universidad de Chile, director del Departamento de Ingeniería de Minas hasta 1973, Carlos Díaz. Pirometalurgista de fuste, él trabajaba en el Centro de Investigación de la International Nickel Company, INCO, en Toronto. Había traído a Chile a Phill Mackey, connotado investigador de la pirometalurgia del Centro de Investigación de Noranda en Montreal.

Conversando con don Carlos y con Phill soñábamos la industria del futuro. ¿Qué hacer? Nació la idea de hacer una gran conferencia sobre el cobre que incluyera todos los campos técnicos, excepto la explotación de minas, y que incluyera además la economía, los negocios y el medio ambiente. Hablar sobre el medio ambiente en Chile era no solo desconocido en esa época, era casi tabú.

La conferencia podría organizarla la Universidad de Chile, donde yo era profesor, y podría integrarse el Instituto de Ingenieros de Minas (IIMCh). Además, podría contar con el apoyo de la Sociedad Minera de Canadá, el CIM. Esto último lo gestionarían don Carlos y Phill. Se trataba de hacer una cuestión seria, con varios libros con las ponencias en inglés. Escribimos las ideas, nació el primer folleto sobre la conferencia, dirigido a venderles la idea a estas instituciones y, además, al Ministro de Minería, Samuel Lira, al presidente de Codelco, a la Exxon, y a El Indio, mina que era muy importante en esa época.

Dimos comienzo a esta odisea. Me tocó el honor de ser el presidente de la conferencia. Tras algunas dudas, nos apoyó la Universidad de Chile y poco después el IIMCh, el CIM de Canadá, el ministro, Codelco y todos los demás. Elegimos un hotel “top” en Chile, el Miramar. De alguna manera creyeron esta idea loca. Después de eso hubo que trabajar y trabajar.

Llegamos a diciembre de 1987, ya con un precio del cobre que había subido, y la respuesta mundial fue impactante. Nos reunimos 800 personas, con más de 100 ponencias, con cuatro volúmenes de cerca de 2.000 páginas publicados y debidamente editados en inglés. Sin haberlo pensado como tal, habíamos iniciado el mayor evento técnico de la industria a nivel global, el que se repetiría posteriormente cada cuatro años en diversas partes del mundo, ganando apoyo de las principales organizaciones de la minería del cobre en América del Sur y del Norte, Europa y Asia.

Columna publicada en La Tercera, el 4 de noviembre de 2013. Ver publicación original.

¿Cómo queda parada la minería en los programas de gobierno presentados por las candidatas Michelle Bachelet y Evelyn Matthei? El programa de la Nueva Mayoría propone trabajar para mantener a Chile como líder mundial en la minería del cobre, considerando como herramientas lograr energías competitivas, realizar un mayor esfuerzo en investigación e innovación y la formación de recursos humanos. Apoyará a las empresas proveedoras de la minería, en conjunto con las universidades para lograr mayor colaboración. Reforzará a Cochilco, al Ministerio de Minería, a Sernageomin y a la Enami. Elaborará nuevas normas para agilizar la entrada de nuevos actores a la exploración y a la minería. Finalmente, propone crear una política para desarrollar la industria del litio. 

El programa de la Alianza por Chile se refiere a la competitividad de la minería, aludiendo a aspectos como mayor oferta de energía, a la necesidad de capacitar para que la minería disponga de suficiente personal especializado de calidad, y a completar un catastro en línea de la minería. Además, mejorará la labor de Enami y modernizará sus plantas productivas. También dará a Enap un estatuto similar al de una empresa privada. A diferencia del programa de la Nueva Mayoría, La Alianza por Chile coloca énfasis en perfeccionar el proceso de autorización de permisos de los proyectos y de sus tramitaciones ambientales, imprimiendo mayor certeza jurídica a los proyectos, todo ello para poder materializar la agenda de inversión minera de más de US$ 100 mil millones de los próximos años.

Respecto de la capitalización de Codelco, el programa de la Nueva Mayoría indica que se hará cargo de ésta, a diferencia del programa de la Alianza por Chile, que no lo menciona. Codelco necesita reinvertir una parte de sus excedentes (cerca de US$ 1.000 millones por año) durante los próximos cuatro años. En la actualidad, los proyectos de Teniente y de Chuquicamata Subterráneo están en construcción, y Andina y Radomiro Tomic están esperando la aprobación de los estudios de impacto ambiental para ir adelante. 

Finalmente, en el capítulo referente a las reformas constitucionales, la Nueva Mayoría afirma que “la nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico”. Ello se diferencia de lo que expresa el artículo 24 de la Constitución de 1980, que dice: “El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”, y otras actividades, entre las que no está el agua. Pero también se diferencia por la palabra “pleno”. La pregunta es ¿por qué agregar la palabra “pleno” a lo que ya rige sobre la minería? Además, se afirma que se derogará el DL 600. Ambos elementos introducen incertidumbre.  

Es importante que la Alianza por Chile se pronuncie sobre la capitalización de Codelco y que la Nueva Mayoría aclare la intención que tiene al colocar esta simple palabra en la nueva Constitución, y que también  precise cómo se manejará la inversión extranjera, con un DL 600 derogado.

Columna publicada en Qué Pasa Minería, el 9 de septiembre de 2013. Ver publicación original.

Está claro que el desarrollo de la energía en Chile dejó de ser un problema técnico y económico y pasó a ser un problema de desconfianza social que amenaza el crecimiento presente y futuro del país. La construcción de las grandes centrales de energía -HidroAysén, Barrancones, Punta Alcalde y Castilla- fue detenida por oposición ciudadana en los últimos cuatro años. En la actualidad las centrales que están en marcha resuelven sólo cuellos de botella locales y el precio de la energía sólo puede aumentar en los próximos años. Hay un tremendo temor a emprender nuevos proyectos, lo que, de paso, impacta directamente a otros sectores industriales, como la minería. El problema radica en muchos factores que se han conjugado. Por una parte, la falta casi completa de conocimiento de la ciudadanía sobre los costos y beneficios de los diversos tipos de energía fue y es un caldo de cultivo muy importante para las organizaciones ambientales, que tomaron la bandera de lucha de la energía hace ya décadas como un asunto de principios valóricos. 

Por otra parte, una industria de la energía que no entendió el signo de los tiempos que vivía el país, y siguió construyendo centrales que distaban mucho de ser ambiental y socialmente aceptables.

También la decisión del Estado desde hace décadas de no zonificar el país hace muy difícil emprender una tarea de esta magnitud de un día para otro. Por último, el mismo desarrollo democrático y económico de Chile creó una inmensa desconfianza por parte de la ciudadanía en los que detentan el poder económico y político debido a la persistencia de una gran desigualdad social. Este diagnóstico entrega pistas sobre las acciones que debería considerar el siguiente y los futuros gobiernos. 

Primero, una campaña de largo plazo financiada por el gobierno y conducida por las instituciones nacionales más creíbles en temas energéticoambientales, para educar a la ciudadanía sobre las mejores opciones, y generar un diálogo nacional conducente a un acuerdo transversal. Por ejemplo, la campaña educativa debería apuntar a retornar la confianza a los chilenos en que la nueva norma para centrales termoeléctricas protege la salud y el medioambiente. 

En segundo lugar, medidas que permitan resolver cuellos de botella en el corto y mediano plazo. Entre estas últimas están destrabar legislativamente la llegada al país de gas natural barato, la selección de algunas zonas del país para el desarrollo de energía, y aprobar una ley que compense económica y ambientalmente a las comunidades que estarán ubicadas en las áreas de influencia de las futuras centrales.

Columna publicada en La Tercera, el 16 de agosto de 2013. Ver publicación original.

LAS DOS candidaturas más importantes han hablado de muchas cosas, pero no de minería. ¿Cuál es su programa minero? Nadie lo conoce al exterior de los comandos. No han dicho si quieren más minería en el futuro o si no la quieren; ni siquiera se han pronunciado sobre los recursos de inversión que necesita urgentemente Codelco.

Chile ha estado estrujando la ubre durante muchos años y la leche ha disminuido peligrosamente. Eso es lo que pasa cuando no se le da pasto a la vaca. 

Desde 2006 a 2012 la minería aportó US$ 74 mil millones al Fisco, y un 44% de ello provino de la minería privada. Pero el aporte de la minería al presupuesto nacional en 2013 será menos que lo proyectado y menos de la mitad de lo que fue en 2007.

Claro, bajó el precio y al mismo tiempo subieron los costos, especialmente en el país, empujados por factores naturales e internos. Entre estos se cuenta la energía, el empleo y la construcción. Sobre el precio no se puede hacer casi nada. Pero sí se puede combatir el alza de costos, generando más energía y aumentando la productividad tanto en las operaciones como en la construcción. Estas serían las respuestas. Parecen simples, pero no lo son. 

Para generar más energía y más productividad en serio se requiere de acuerdos nacionales estratégicos y transversales, de los que estamos lejos. 

Los próximos años serán complejos para la minería chilena, no sólo porque sus utilidades y los impuestos pagados van a ser menos de lo que fueron, sino porque los incentivos para seguir invirtiendo en el país en muchos proyectos ya no están. 

Adiós a los anunciados US$ 100 mil millones de inversión, al menos hasta que ataquemos estos problemas en serio. Ojo que no son los ejecutivos de las empresas mineras transnacionales los que han decidido postergar o detener las inversiones, sino que son las decenas de miles de inversionistas, dueños de estas empresas, que no visualizan retornos importantes para sus inversiones en el futuro. 

Por otro lado, Codelco, que necesita llevar adelante sus proyectos estructurales, no tiene la voluntad del dueño en reinvertir lo que se requiere, y si éste no se decide a hacerlo en los próximos años, no quedará otra que ingresar recursos privados a la empresa. 

De esta manera se rompería el modelo “minero” chileno, en que una gran empresa estatal coexistió con grandes privadas, que es único a nivel global, y que fue un resultado evolutivo de nuestra historia. 

Este modelo fue y es inmensamente virtuoso, porque permitió que Codelco mejorara sus estándares tecnológicos, ambientales, y de gestión, sólo por comparación con sus vecinos, y, al mismo tiempo, posibilitó que las empresas privadas midieran su aporte al Estado en comparación con Codelco. Pero por sobre todo generó equilibrios políticos que habrían sido difíciles de lograr en presencia única de grandes mineras privadas. Por ello es muy importante para el desarrollo de Chile mantener este modelo. 

Estos son algunos de los temas que hay que abordar ahora para que, ojalá, ocurra algo en los próximos cuatro años. Las candidaturas presidenciales no pueden eludir estas preguntas.

Columna publicada en El Mostrador, el 23 de agosto de 2013. Ver publicación original.

Tras la decisión del Gobierno de capitalizar Codelco con acciones de una fracción de la Ex Disputada de Las Condes, se desató una creciente preocupación por el futuro de la empresa, la que requiere para reinversión cerca de cinco mil millones de dólares de sus propias utilidades en los próximos años.

Hay quienes consideran que la mejor forma de resolver el financiamiento de estas inversiones es privatizar una parte de la empresa, lo que a la vez lograría introducir agentes en su directorio que realmente velarían por el uso optimo de sus recursos.

Esta lógica considera que en las empresas estatales los intereses del dueño, es decir de todos los ciudadanos, está mediada por actores que introducen sus propios intereses y desintereses en las decisiones, conduciendo a resultados que son sub óptimos para la empresa y para el país.

Otros aborrecen la idea de una privatización e impulsan que el Estado le otorgue el financiamiento a la empresa, ya que esta es de todos los chilenos y porque, además, ha logrado aportar mas de cien mil millones de dólares al Estado en sus casi 40 años de existencia. Hay muchos que piensan, sin embargo, que podría haberlo hecho mejor.

Hay sectores, que incluso llevan su argumento a exigir que las grandes empresas mineras privadas sean nacionalizadas porque estarían “saqueando” a Chile, exportando nuestra riqueza y dejándonos solamente el hoyo.

La encuesta Minerobarómetro indica que cerca del 80 % del país no quiere que Codelco se privatice, y que más de la mitad de los chilenos piensan que habría que nacionalizar las mineras privadas. Sin embargo a la hora de preguntar en que se debe gastar los recursos del cobre cuando estos escaseen, la mayoría del país prefiere un destino social a reinvertirlos en Codelco, ya que “hay” que resolver los problemas ahora. Más aún, cerca de un 60 % de los chilenos están satisfechos con el aporte de la minería, incluida la minería privada, al desarrollo.
Estas preferencias demuestran que no siempre se puede satisfacer las opiniones ciudadanas. No es posible mantener Codelco estatal y al mismo tiempo no autorizar que parte de sus utilidades sean reinvertidas. Y es igualmente imposible nacionalizar la minería privada sin que el Estado gaste o invierta un peso. La falta de reinversión ha hecho fracasar la inmensa mayoría de empresas estatales de recursos naturales a nivel global. Si Codelco fracasa por esta razón, no sería novedoso.

El modelo “minero” chileno, en que una gran empresa estatal coexiste con grandes privadas es único a nivel global, y fue un resultado evolutivo de nuestra historia. También, fue inmensamente virtuoso, porque permitió que Codelco mejorara sus estándares tecnológicos, ambientales, y de gestión, sólo por comparación con sus vecinos, y, al mismo tiempo, posibilitó que las empresas privadas midieran su aporte al Estado en comparación con Codelco. Pero por sobre todo generó equilibrios políticos que habrían sido difíciles de lograr en presencia única de grandes mineras privadas. Por ello es muy importante para el desarrollo de Chile mantener este modelo.

Columna publicada en La Tercera, el 16 de agosto de 2013. Ver publicación original.

La colocación informada por Codelco de un bono por US$ 750 millones para financiar parte de su programa de inversiones de 2013 arroja varias señales al país. La empresa tendrá que financiar con deuda bastante más que esto antes de fin de año.

Según el comunicado, en un primer ajuste se habría reducido en 10% la inversión de 2013, “haciéndose cargo de los menores niveles de capitalización” autorizados por el gobierno. Al mismo tiempo, el gasto es normalmente inferior al presupuestado debido a retrasos de los proyectos. Esto último ha aquejado a la industria en la última década, por lo que habría que redoblar los esfuerzos para que no ocurriese en Codelco, si ello fuese efectivo.

El dueño de Codelco, representado por el gobierno, indicó en su momento que había que reducir costos, deslizando que éste habría sido el motivo de haber autorizado una capitalización claramente insuficiente. No es común que el dueño comente públicamente aspectos sobre la administración, ya que los instrumentos de que dispone son suficientes para aumentar sus ganancias. Estos son decidir las inversiones y también realizar sus comentarios a través de sus representantes en el directorio. Francamente, no sabemos qué intención tuvo el gobierno esta vez, pero no hay que descartar que una razón importante haya sido no aumentar el déficit fiscal. 

Codelco está en una camisa de fuerza para financiar sus inversiones de, aproximadamente, US$ 25 mil millones hasta el fin de esta década. La idea era lograr esto en un 40% con depreciación, en igual cantidad con endeudamiento y en un 20% con recursos frescos de reinversión puestos por el dueño. Es este último valor el que está ausente y no es viable que la empresa se endeude a niveles mayores para cubrirlo.

La pregunta es, ¿qué pasará en el próximo gobierno con un precio del cobre que está a la baja? ¿Habrá disposición a invertir US$ 1.000 millones anuales en Codelco? Las candidatas presidenciales no se han pronunciado. Catorce senadores, casi todos ellos de la oposición, hicieron un proyecto de acuerdo solicitando al gobierno una capitalización efectiva este año y una ley que garantice el financiamiento futuro de la empresa. Pero el que toma las iniciativas en estas materias es el Ejecutivo y no el Congreso. Al mismo tiempo, una inversión pre aprobada plurianualmente para Codelco abre una caja de pandora para otras instituciones que deseen igual trato. 

Para resolver integralmente el financiamiento de las inversiones de Codelco, el gobierno podría utilizar US$ 5.000 millones o un tercio del Fondo de Estabilización Económico Social (FEES), logrando para el país rentabilidades muy superiores a las que ha conseguido con su actual programa de colocaciones internacionales. Ello requeriría un acuerdo político transversal que incorporara a los partidos políticos y al futuro gobierno, y simultáneamente el compromiso de todos los estratos de la empresa -incluidos todos sus trabajadores- para reducir los costos de operación. 

Finalmente, es indispensable que los costos de construcción de las grandes inversiones cedan sustancialmente. Todo ello se puede lograr, y para ello hay que trabajar.